Reflexiones sobre la implementación de TICs en los procesos electorales latinoamericanos

Desde hace algunas décadas, los avances en las nuevas tecnologías agilizaron los procesos de globalización y transformaron a nivel micro los hábitos de millones de personas.

Los procesos electorales no fueron ajenos a la modernización y a la aplicación de las Tecnologías en Información y Comunicación (TIC`s). Su uso se volvió imprescindible en la planificación, organización, ejecución y comunicación de todas las etapas del ciclo electoral.

A priori, esta articulación parecería transcurrir en un ciclo virtuoso donde la ciudadanía y los demás actores del sistema se benefician en busca de una mayor promoción y fortalecimiento democrático. Se ha instalado la idea de un puritanismo tecnológico como la panacea a los problemas electorales, sobre todo en nuestra región latinoamericana. El summum de ese paradigma se materializaría en el uso del voto electrónico. Nada mas lejano a esta afirmación.

Por esta razón, en las siguientes líneas se expondrán los alcances y límites de la innovación en los procesos electorales, tomando tres de sus fases. En cada una de ellas, se puntualizará dónde tendría que enfocarse la búsqueda de la modernización de estos sistemas para potenciar el derecho a la información y el sufragio de la ciudadanía.

Etapa preelectoral

En América Latina, dadas las irregularidades geográficas y el tamaño territorial de los Estados, sortear esta etapa de planificación y organización es fundamental para un exitoso proceso electoral. Esto implica una coordinación que no debe poseer fisuras entre los organismos del Estado y la máxima eficiencia en el uso de las TIC´s.

Esta fase implica la inscripción de los ciudadanos y ciudadanas en el padrón electoral, ajustadas a un proceso de buenas prácticas gubernamentales de transparencia, y el resguardo efectivo de los datos personales.
Se debe fortalecer la presencia estatal en todo el país para alcanzar a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos y legitimar, así, el rol fundamental de un Estado desarrollista y su identificación con la ciudadanía.

En este ciclo, los partidos políticos – que recaban las demandas de la población para convertirlas en outputs- juegan un rol clave en el desarrollo democrático. Por esta razón, se debe garantizar una normativa clara en la forma de su registro ante el Órgano Electoral y facilitar su inscripción por medio del uso de medios electrónicos que uniformicen los criterios entre todos los partidos y promuevan su creación, ajustados a estándares democráticos.

Otro punto que también afecta directamente a los Derechos Humanos de la ciudadanía es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Los procedimientos pocos o nada transparentes, la relación entre poderes fácticos y el político a espaldas de la ciudadanía, permitió que se votaran de forma totalmente impune leyes que promueven, por ejemplo, la minería a cielo abierto, permisos para explotar yacimientos mineros y petrolíferos en territorios de pueblos originarios o la tala indiscriminada del Amazonas y otras zonas selváticas.

Esto sin mencionar que los casos de corrupción directa o indirectamente generan un descontento y una apatía con la política, por lo que se genera situaciones propicias para el surgimiento de outsiders que finalizan manipulando el aparato estatal para beneficio propio, ya sea utilizando procedimiento populistas de cooptación o recortando derechos y libertades adquiridas. Por lo tanto, si hay una fase de vital importancia para introducir, fomentar y fortalecer el uso de TICs, la situaría en este punto.

Es necesaria la implementación de sistemas tecnológicos que monitoreen en tiempo real y de forma dinámica y simultanean la contabilidad de los partidos políticos y el órgano electoral registrando la contribución que reciben los partidos y los egresos que realizan los mismos. Además, en un proceso paralelo se deberá fortalecer los recursos humanos estatales para un mejor contralor en el financiamiento de los actores políticos.

Esto, así planteado, no busca otro objetivo que la revalorización del Estado como agente contingente de las conductas de todos los actores participantes de la vida activa del mismo. Como menciona Skocpol (1989), las instituciones estatales y la sociedad están íntimamente interrelacionadas al configurar las conductas de uno y otros. Un Estado permisivo por acción u omisión de las conductas que permean su credibilidad verá acrecentada las mismas y de forma más grave, siguiendo el rumbo de un Estado fallido.

Etapa electoral
Los órganos electorales en un Estado de derecho deben de asegurar la eficiencia, legitimidad y transparencia de los resultados. Esta eficiencia, siendo un valor primordial, debería valorarse en términos de legitimidad más que de velocidad. Y esto cabe aclararlo frente a la arremetida de la prensa y las consultoras privadas que han puesto a la institución electoral en esta disyuntiva entre velocidad/legitimidad. La proliferación de las
“bocas de urnas” vaticinando con gran acierto, cabe mencionarlo, los resultados electorales a minutos de cerradas las comisiones receptoras, han abierto el debate sobre la idoneidad de los órganos electorales.

El uso de tics no da valor agregado al acto del sufragio propiamente dicho, sino que el mismo se acrecienta en las garantías que realzan ese momento. La mira no debe estar puesta solo en la modernización del acto del voto, sino en generar las condiciones apropiadas para facilitar a los electores dicho acto.

En la región más desigual del mundo, con altas tasas de analfabetismo concentradas en focos poblacionales, con poco acceso a los medios de comunicación, educación informática nula o casi nula, incluir el voto electrónico por parte del sistema político para mostrarse como modernos y modernizadores, solo significará una falta de empatía y realidad del contexto social entre política y ciudadanía, una disociación que parece tener en estos momentos un punto álgido de separación.
Sin embargo, el know how no necesariamente tiene que ser olvidado, ya que el mismo tiene virtudes y un sinfín de variantes en su utilización. Los delegados partidarios, o las comisiones receptoras de votos pueden denunciar en tiempo real las irregularidades en los colegios electorales. Asimismo en dichos espacios, se pueden realizar reproducciones audiovisuales para explicar los procedimientos y la importancia del sufragio como un derecho ciudadano.

Etapa postelectoral

Por último, el ciclo electoral y la inserción de TICS en la modernización del mismo, presenta un gran desafío en la etapa postelectoral. La presentación de datos abiertos como una práctica de buen gobierno no es algo altamente difundido en América latina. La tónica es tener Estados que muchas veces rozan con el oscurantismo, manteniendo los sistemas estadísticos en una mínima expresión, o directamente manipular los índices para beneficio gubernamentales.

Tanto la prensa como los partidos políticos se han profesionalizado, dando una creciente importancia a los datos sistematizados y a la investigación y estudio de los mismos. Es por esto, que no existe dudas en estos momentos de la retroalimentación necesaria entre investigación y administración pública. Sin embargo, esta incipiente relación, trae aparejadas algunas debilidades estructurales que hay que solucionar.

El primero es la diferencia en el lenguaje utilizado entre lo público y la investigación, haciendo necesario un diálogo que acerque a las partes a utilizar un lenguaje en común. El segundo, es la debilidad del Estado al momento de la apertura de los datos, la insuficiente información sobre los mismos, que genera un vacío entre las demandas planteadas desde el exterior y la debilidad institucional para satisfacer la misma. Como tercer punto, es la desconfianza del sistema a ofrecer los datos. Existe esta
debilidad estructural en que el uso de los datos será para cuestiones non sanctas, debilidad a nivel sistémico desde la génesis de las instituciones y el Estado.

Por otra parte, la comunicación de resultados no es un asunto menor. Se trata de un tema estratégico que no solo se satisface con la publicación de resultados. Lo que se propone, es una estrategia de comunicación de resultados de investigación y sistematización para la incidencia en la toma de decisión del Sistema Político, la academia y la ciudadanía. La comunicación institucional, tiene particularidades que deben ser atendidas con solvencia si se busca acompañar de manera activa y protagónica los procesos de decisión.

Consideraciones finales
Si bien este trabajo no es exhaustivo de las diferentes fases electorales, ha intentado arrojar luz sobre algunos puntos:
1) La necesidad de un Estado presente en todas las regiones para que por medio del trabajo en red de sus instituciones se logre la transparencia y legitimidad del sufragio.
2) Capacidad institucional para acercar el órgano estatal a la ciudadanía y facilitar los procedimientos inscripcionales.
3) Know how aplicado a determinadas áreas del proceso electoral, a efectos de garantizar la legalidad y la igualdad de condiciones para la competencia electoral de los partidos políticos
4) Imperiosa necesidad de mejorar los procesos de contralor del financiamiento político para evitar los casos de corrupción que degradan el apoyo a la democracia, y a los principios democráticos en sí mismos.
5) Sistemas de información y comunicación acordes a las necesidades de la academia, la prensa y los partidos políticos.

Estos puntos mencionados anteriormente van en línea con la declaración del Código Iberoamericano de Buen Gobierno, ratificado en Montevideo en 2006, que en su Art. 27 declara que los Estados “garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en el ciudadano, en el que la tarea esencial sea mejorar continuamente la calidad de la información, la atención y los servicios prestados.

Goodfred Schwendenwein
Politólogo y Magister en Derechos Humanos y Democratización para América Latina CIEP-UNSAM.

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